El Tribunal Administrativo de Casanare continúa avanzando en el trámite de la acción popular relacionada con el proceso de actualización catastral en Yopal y las actuaciones de CATASIG S.A.S. EICE, al admitir nuevos coadyuvantes, evaluar pruebas sobrevinientes y fijar fecha para una audiencia de pacto de cumplimiento.
Mediante auto del 24 de junio de 2026, la magistrada sustanciadora Belsy Yohana Puentes Duarte resolvió aceptar como coadyuvantes de la parte demandante a Gonzalo Antonio Díaz Gómez y a la Veeduría por un Catastro y Predial Real y Justo, organización representada por Luis Guillermo Pérez Pérez. Según el despacho, ambas solicitudes fueron presentadas oportunamente y guardan relación con las pretensiones planteadas por los accionantes.
El proceso judicial fue promovido por Jorge Leonardo Infante Tovar y otros ciudadanos contra la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Municipio de Yopal y CATASIG S.A.S. EICE, en el marco de presuntas afectaciones a derechos e intereses colectivos relacionadas con la gestión catastral.
Informe de la Superintendencia toma relevancia en el proceso
Uno de los aspectos más importantes del expediente es la incorporación de solicitudes para que sea valorado como prueba un informe de visita especial elaborado por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026.
Dicho documento fue aportado por el demandante Jorge Leonardo Infante Tovar, la Fundación Little Guardians y el coadyuvante Pedro Felipe Becerra Vargas. Según los memoriales allegados al proceso, el informe respaldaría la tesis de una presunta falta de capacidad jurídica de CATASIG S.A.S. EICE para suscribir el convenio relacionado con la actualización catastral de Yopal.
Frente a estos avances, el concejal Jorge Leonardo Infante aseguró que la acción popular busca proteger a los contribuyentes de los impactos derivados de la actualización catastral.
“Seguimos defendiendo el bolsillo de los yopaleños frente a los efectos de la actualización catastral”, manifestó el cabildante, quien además destacó que el Tribunal reconociera formalmente la participación de la Veeduría por un Catastro y Predial Real y Justo dentro del proceso.
No obstante, el Tribunal aclaró que la valoración de las pruebas aportadas se realizará en la etapa procesal correspondiente y que aún no existe una decisión de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
Tribunal estudiará nueva solicitud de medidas cautelares
La Fundación Little Guardians también presentó una solicitud de ampliación y reiteración de medidas cautelares, argumentando la existencia de nuevos documentos, informes técnicos y actos administrativos que, a su juicio, modifican sustancialmente las circunstancias evaluadas cuando inicialmente fueron negadas dichas medidas.
El Tribunal ordenó remitir el cuaderno de medidas cautelares al despacho para adoptar la decisión correspondiente.
Sobre este punto, Infante afirmó que espera que la corporación judicial estudie la posibilidad de suspender los efectos de la actualización catastral mientras avanza el proceso, teniendo en cuenta el informe elaborado por la Superintendencia de Notariado y Registro que fue allegado al expediente por varias de las partes intervinientes.
Tribunal advierte a CATASIG sobre representación judicial
Otro de los puntos destacados de la decisión judicial tiene que ver con la participación de CATASIG S.A.S. EICE dentro del proceso.
El despacho indicó que la gerente de la entidad, Elvira Helena Martínez Consuegra, respondió la demanda acreditando su calidad de representante legal, pero no la condición de abogada que le permitiría actuar directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, el Tribunal le requirió por última vez para que designe un apoderado judicial, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían considerarse inválidas aquellas actuaciones que exijan derecho de postulación.
Audiencia de pacto de cumplimiento será el 26 de agosto
Como parte del avance del proceso, el Tribunal Administrativo de Casanare fijó para el próximo 26 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de pacto de cumplimiento contemplada en la Ley 472 de 1998.
La diligencia se realizará de manera virtual a través de la plataforma Teams y contará con la participación obligatoria de las entidades públicas demandadas y del Ministerio Público. Esta audiencia busca explorar posibles acuerdos que permitan proteger los derechos colectivos invocados en la acción popular antes de que se profiera una decisión de fondo.
Para el concejal Infante, la programación de esta audiencia representa un paso importante dentro del proceso judicial. “El trabajo continúa y nuestra defensa por la ciudad no se detiene”, señaló el cabildante, quien ha sido una de las voces más visibles en las reclamaciones ciudadanas frente a la actualización catastral y sus efectos sobre el impuesto predial en Yopal.
Dato clave: El Tribunal aún no ha resuelto las excepciones planteadas por las entidades demandadas ni la nueva solicitud de medidas cautelares. Ambos asuntos continuarán su trámite dentro del proceso antes de que se emita una sentencia definitiva.
