La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) al exjefe de inteligencia de la Brigada XVI del Ejército, al determinar que no reconoció su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Casanare, conocidas como ‘falsos positivos’.
La decisión se da en el marco del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. Según la JEP, el exoficial —identificado como Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena— optó por no aceptar los cargos, lo que activa un proceso adversarial en su contra.
De acuerdo con el tribunal, cuando los comparecientes no reconocen verdad ni responsabilidad, sus casos son remitidos a la UIA, órgano encargado de investigar y acusar ante el Tribunal para la Paz, lo que podría derivar en sanciones ordinarias más severas.
Las investigaciones apuntan a que el exjefe de inteligencia habría tenido un rol clave en la construcción de informes que daban apariencia de legalidad a homicidios de civiles, dentro de una estrategia que buscaba mostrar resultados operacionales.
En contraste, otros comparecientes dentro del mismo proceso sí han reconocido su participación y avanzan hacia etapas de juicio con enfoque restaurativo, donde las sanciones dependen del aporte de verdad y reparación a las víctimas.
El subcaso Casanare hace parte de uno de los capítulos más graves del conflicto armado en Colombia. La JEP ha documentado que estos crímenes respondieron a un patrón sistemático en el que civiles fueron asesinados y reportados falsamente como combatientes abatidos.
Con esta decisión, el proceso contra el exoficial entra en una fase judicial más estricta, en la que deberá enfrentar un juicio adversarial sin los beneficios que otorga el reconocimiento temprano de responsabilidad ante la justicia transicional.
