Las elecciones legislativas de 2026 dejaron un nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, pero también reavivaron el debate sobre la ética pública en la política colombiana. Una revisión de investigaciones judiciales y disciplinarias muestra que al menos 13 congresistas electos al Senado y la Cámara de Representantes arrastran cuestionamientos o procesos ante la justicia.
Los señalamientos incluyen presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, compra de votos, prevaricato, lavado de activos y vínculos con escándalos de corrupción, entre ellos el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Congresistas electos con cuestionamientos
Entre los nombres que lograron curul pese a estar bajo la lupa de autoridades o de la opinión pública se encuentran:
Álex Flórez – Pacto Histórico (Senado)
Es investigado por la Corte Suprema por lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. Según las pesquisas, habría exigido dinero a contratistas de Medellín para financiar su campaña al Senado en 2022, acusaciones que él ha negado.
Pedro José Suárez Vacca – Pacto Histórico (Cámara)
Tiene una investigación por prevaricato por acción agravado por decisiones tomadas cuando se desempeñaba como juez de ejecución de penas en Tunja.
David Racero – Pacto Histórico (Cámara)
El representante y expresidente de la Cámara ha sido mencionado en cuestionamientos políticos y revisiones sobre el manejo de recursos y contrataciones, lo que lo mantiene bajo observación pública.
Didier Lobo Chinchilla – Cambio Radical (Senado)
La Corte Suprema abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, luego de denuncias sobre el rápido crecimiento de su patrimonio y el manejo de empresas y cuentas bancarias relacionadas con su entorno.
Carlos Cuenca Chaux – Cambio Radical (Cámara)
Fue condenado en primera instancia por compra de votos en Guainía y además enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La justicia consideró probado que ofreció materiales de construcción a comunidades para favorecer su reelección.
Camilo Torres Villalba – Partido Liberal (Senado)
Su campaña fue cuestionada tras conocerse un audio en el que se invitaba a votar por él a cambio de una bonificación en Montelíbano, Córdoba.
Miguel Ángel Barreto – Partido Conservador (Senado)
Es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción conocido como “Las Marionetas”, relacionado con contratación irregular en entidades públicas.
Daniel Restrepo – Partido Conservador (Cámara)
Su nombre apareció en medio de un escándalo cuando un escolta fue capturado transportando 145 millones de pesos y propaganda política de su campaña durante el proceso electoral.
Juan Loreto Gómez – Partido Conservador (Cámara)
Ha sido mencionado entre los congresistas salpicados en el escándalo de la UNGRD, que investiga presuntos acuerdos para direccionar contratos y partidas en el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Karen Manrique – Cámara de Representantes
Se encuentra en procesos judiciales y revisiones que están siendo analizadas por la Corte Suprema, relacionados con presuntas irregularidades en su actividad política.
Wadith Manzur – Partido Conservador (Cámara)
Su situación jurídica también está bajo revisión de la Corte Suprema por procesos que podrían afectar su permanencia en el Congreso.
Debate sobre filtros en las listas
La elección de congresistas con cuestionamientos volvió a encender el debate sobre la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de candidatos y la necesidad de mayores filtros éticos en las listas al Congreso.
Aunque varios de los electos no tienen condenas en firme, los procesos abiertos o las investigaciones en curso mantienen sus nombres en el radar de las autoridades y de la opinión pública.
El nuevo Congreso se instalará el 20 de julio de 2026, mientras algunas de estas investigaciones continúan avanzando en la Corte Suprema y otros organismos de control.
