Los colombianos volverán a las urnas para definir el futuro del país, pero en medio de la jornada democrática, persisten prácticas que atentan contra la transparencia: compra de votos, presión a empleados públicos, trashumancia y suplantación.
Llegan las elecciones 2026 y mientras el país se alista para elegir el 8 de marzo congreso, cámara y senado y el candidato presidencial por la gran consulta, la firma Cafore Abogados advierte que: prácticas como la suplantación de votantes, el constreñimiento al sufragante o el uso de recursos públicos en campañas no son simples trampas, sino delitos que la Fiscalía General de la Nación está atenta para judicializar.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, los delitos electorales en Colombia traen sanciones penales y económicas, reguladas por la Ley 1864 de 2017. Las multas oscilan entre 50 y 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), acompañadas de penas de prisión de 4 a 12 años, inhabilitación para ejercer cargos públicos y, en casos de financiación ilegal, multas equivalentes al monto del exceso.
Lejos de ser faltas menores, delitos como la trashumancia electoral -inscribir la cédula en un lugar distinto a la residencia, la suplantación de votantes, impedir las elecciones por algún motivo, amenazar a un candidato, impedir las labores de un jurado de votación o usar cédulas falsas son delitos que pueden ser cometidos por ciudadanos y que afectan la legitimidad de las urnas.
En cuanto a los candidatos la compra de votos; el financiamiento ilegal de campañas electorales, exceder los límites de gastos establecidos por la autoridad, presionar, amenazar, engañar a votantes e incluso, ser elegido estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, no solo configura prácticas corruptas, sino que conllevan a penas privativas de la libertad.
Para los servidores públicos, usar recursos del estado para apoyar campañas, presionar o engañar a votantes, ser cómplices de votos fraudulentos o alterar los resultados electorales, puede significar participar en conductas que agravan su responsabilidad dado que atentan contra los principios de imparcialidad y moralidad que rigen en la función pública. Es por ello que para todos los actores electorales, la ley es clara, este tipo de delitos tienen consecuencias penales que pueden truncar carreras políticas o afectar el futuro de los votantes de la contienda.
«El voto es libre y responsable, y comprarlo o venderlo es un grave delito que afecta la democracia. No se trata solo de ganar una elección, sino de prevenir y denunciar dentro del marco de la ley, porque lo que está en juego es la legitimidad del sistema democrático colombiano», advierte Valeria Canosa, abogada especialista en derecho penal en Cafore Abogados; quien además recuerda que desde el 2013 existe una comisión especial adscrita al Ministerio del Interior para velar por la garantía y verdad en las elecciones.
Consejo legal: Más vale prevenir que judicializar
Ante el panorama actual electoral Canosa recomienda tener una postura preventiva para evitar problemas penales futuros:
●Para quienes aspiran a una elección popular, se les recomienda realizar una auditoría legal y contable de sus campañas en tiempo real. Llevar un control estricto de los gastos, verificar el origen de cada aporte y asegurarse de que no existan inhabilidades previas.
● Para los ciudadanos, la recomendación es denunciar cualquier irregularidad que observen o de la que sean testigos, ya sea el ofrecimiento de dinero o favores a cambio de su voto. La mejor forma de proteger la democracia es denunciar y ejercer el voto de manera libre y responsable.
¿Dónde denunciar?
Si usted es testigo de un delito electoral, puede reportarlo de inmediato en las siguientes instancias y/o entidades:
● Mesas de Justicia: En todos los puntos de votación hay una mesa de justicia con miembros de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, puede dirigirse y advertir la irregularidad.
● Fiscalía General de la Nación: A través de la página web: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ en el botón “Denuncia Fácil”, llamando desde celular a la línea 122, o desde teléfono fijo a la línea nacional 01 8000 910 413.
● Ministerio del Interior: Se puede dirigir a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia electoral (URIEL) en el email: denunciasuriel@mininterior.gov.co, a la lÍnea celular #623, o a la línea gratuita nacional: 01 8000 912 005.
“Estar bajo estos procesos legales por causar delitos electorales, pueden representar no solo un condena o multas, sino también procesos desgastantes que pueden traer consigo, pérdidas de tiempo, dinero, costos adicionales por servicios de acompañamiento jurídico, pérdida de confianza y deterioro de la imagen pública y/o reputación”, comenta Valeria Canosa, abogada especialista en derecho penal en Cafore Abogados.
La Fiscalía tiene la función de investigar y judicializar a quienes cometen delitos en el marco de estas elecciones. La democracia se protege con información y acción.
