En un escándalo que sacude los pasillos del Senado, la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), enfrenta una serie de graves acusaciones que van desde presunto cobro de dinero a sus asesores, hasta negociaciones de votos para beneficiar a su círculo familiar y político.
El detonante fue el testimonio público del abogado y exasesor Sergio Alejandro Mesa, quien aseguró que mientras laboró en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Bedoya entre 2024 y 2025, se vio forzado a entregar partes de su salario —de entre $2,5 y $4 millones de pesos mensuales— a personas cercanas a la congresista, bajo la presión de mantener su contrato.
Según Mesa, estas exigencias beneficiaron directamente primero a un yerno de la senadora, identificado como Sebastián Arboleda Alzate, y luego a su hija, Valeria Bedoya. El dinero que presuntamente debía entregar, dijo, era un “compromiso” implícito para seguir en el cargo, algo que atribuyó a la dinámica interna de la UTL.
Pero las acusaciones no se quedan ahí. El exasesor también afirmó que la senadora habría intentado negociar su voto en la discusión de la reforma a la salud, presentando una ponencia alternativa que, según Mesa, se habría usado como moneda de cambio con el Gobierno para priorizar la inclusión de allegados de Bedoya en contratos públicos y cargos estratégicos.
Mesa sostiene que la postura final de Bedoya —que terminó votando por el archivo de la reforma en 2024— se dio luego de que presuntamente el Ejecutivo dejara sin efecto la “promesa” de nombramientos vinculados a la iniciativa. De esa forma, asegura que la senadora terminó alineándose con otros congresistas que dejaron morir la propuesta.
Además, la denuncia incluye afirmaciones sobre la presencia de “asesores fantasma” en la UTL de Bedoya, personas que, según el exasesor, figuraban en nómina pero nunca participaron activamente en labores legislativas.
La disputa ha escalado hasta la Corte Suprema de Justicia, donde Mesa presentó formalmente la denuncia por presunto delito de concusión y otros cargos relacionados con la presunta exigencia de dinero. La acción fue impulsada también por veedurías ciudadanas y ha llamado la atención de figuras políticas que piden a las autoridades avanzar en las investigaciones.
Frente a estas acusaciones, Bedoya ha rechazado las versiones de su exasesor, negando que haya exigido pago alguno o participado en redes de coimas, y atribuyendo su salida de la UTL a supuestas irregularidades y mala conducta profesional por parte de Mesa. Ha anunciado posibles acciones legales para defender su honor y descartar “estrategias orquestadas” en su contra.
Bedoya ya estaba vinculada a otro escándalo, Pues el ex director de la Unidad de Gestión de Riesgos, Olmedo López, declaró que Bedoya habría solicitado, a través de Peralta, la adjudicación de contratos para ejecutar obras en los departamentos de Meta y Casanare. Estas gestiones, según López, tenían como finalidad asegurar votos favorables a la reforma pensional en el Congreso.
El caso pone de nuevo bajo escrutinio no solo la conducta de Bedoya, sino también la transparencia en la contratación de personal legislativo y la forma en que se negocian —o se presumen negociaciones de— votos en temas de alta relevancia nacional.
La Corte Suprema y la Fiscalía deberán definir si estos señalamientos tienen sustento penal o si se trata de un conflicto interno convertido en escándalo público.
