La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal a varios exfuncionarios y contratistas por presuntas irregularidades en un proyecto de tecnología educativa financiado con recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de Casanare.
La decisión quedó consignada en el Auto 2069 del 23 de diciembre de 2025, dentro del proceso PRF-801112-2020-36787, relacionado con el proyecto denominado “Fortalecimiento de capacidades en conocimiento, investigación, ciencia, tecnología e innovación (CTEI), mediado por TICs”.
¿Qué ocurrió?
El proyecto, aprobado en 2013 por el OCAD departamental, buscaba modernizar el sector educativo mediante tecnología, formación en investigación y fortalecimiento académico. Para su ejecución se firmaron: Un convenio con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN).
Un contrato de interventoría con el Consorcio TICS Casanare. Sin embargo, según la Contraloría, el convenio fue suspendido en múltiples ocasiones y desde diciembre de 2017 permanece sin ejecución efectiva. En total, se registraron más de 2.200 días desde su inicio sin que el proyecto cumpliera sus objetivos.
¿Cuál es el presunto daño?
El ente de control estableció un presunto detrimento patrimonial por $4.371 millones, discriminados así: $3.791 millones pagados a la CUN.
$580 millones pagados al Consorcio TICS Casanare. La Contraloría concluyó preliminarmente que los recursos invertidos no cumplieron la finalidad del proyecto y que hubo fallas en planeación, supervisión e interventoría.
¿Qué irregularidades se encontraron?
Entre los principales hallazgos están: Retrasos injustificados y ocho suspensiones del convenio. Falta de entrega de 500 computadores portátiles contemplados en el proyecto. Ausencia de una plataforma tecnológica para sistematizar los avances. No ejecución de componentes como formación de talento humano de alto nivel.
Deficiencias graves en la supervisión por parte de la Gobernación. Según el informe, el proyecto no contó con un plan operativo claro que garantizara su sostenibilidad y cumplimiento.
¿Quiénes están vinculados?
Entre los presuntos responsables figura el exgobernador de Casanare, Marco Tulio Ruiz Riaño, además de directivos de la CUN, representantes del consorcio interventor y varios funcionarios de la Secretaría de Educación departamental.
También fueron vinculadas como terceros civilmente responsables las aseguradoras: La Previsora S.A. Seguros del Estado S.A. Aseguradora Solidaria de Colombia.
El proceso sigue: Cabe recordar que el proceso había sido archivado en noviembre de 2024, pero esa decisión fue revocada por la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría, lo que permitió continuar la investigación y llegar a la actual imputación.
La imputación no significa una sanción definitiva. Es una etapa procesal en la que se formalizan los cargos y se abre la posibilidad de defensa para los involucrados.
El caso ahora avanza hacia la etapa en la que se definirá si existe responsabilidad fiscal y si los recursos deberán ser reintegrados al Estado.
