El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la pérdida de investidura del diputado Wilder Andrés Ávila Tibavija (2024–2027), tras hallarlo responsable de violar el régimen de conflicto de intereses al actuar como juez y parte en un trámite dentro de la Asamblea Departamental.
La decisión responde a la demanda presentada por el ciudadano Hernán Mateo Tarquino Rincón, quien argumentó que Ávila incurrió en un actuar irregular durante la sesión plenaria del 28 de noviembre de 2024, cuando presentó una recusación contra su colega, la diputada Marisela Duarte Rodríguez, y posteriormente participó en la deliberación y votación sobre esa misma recusación.
El Tribunal consideró acreditados tanto el elemento objetivo (al haber promovido y votado su propia recusación) como el elemento subjetivo, dado que el diputado contaba con experiencia en la función pública, formación profesional y participación en la elaboración del reglamento interno de la Asamblea, lo cual le permitía conocer la improcedencia de su actuación.
En su defensa, Ávila sostuvo que no existía beneficio personal y que actuó de buena fe, apoyado en que el reglamento de la Asamblea no contemplaba un procedimiento claro para recusaciones. El Ministerio Público también había considerado que no se configuraba objetivamente la causal de conflicto de intereses. No obstante, el Tribunal concluyó que el diputado vulneró principios de imparcialidad y transparencia.
La providencia fue aprobada con aclaración de voto de la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz y salvamento de voto del magistrado Leonardo Galeano Guevara.
Con esta decisión, de primera instancia, Ávila Tibavija podría perder su curul en la Asamblea de Casanare.
