El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, expresó su preocupación ante la directriz del Gobierno Nacional que, a partir del 1 de julio, trasladará a los municipios la responsabilidad de financiar las tres comidas diarias para personas sindicadas en centros de detención transitoria.
Baquero advirtió que la ciudad no cuenta con los recursos necesarios para asumir esta nueva carga.
Según el mandatario, actualmente Villavicencio alberga entre 800 y 1.000 personas sindicadas, lo que implica la provisión de al menos 3.000 raciones diarias.
El costo anual estimado de esta obligación asciende a cerca de $10.000 millones. Baquero señaló que, para cumplir con esta exigencia, la ciudad tendría que desviar fondos destinados a otras inversiones prioritarias, como el plan de mejoramiento vial.
Esta medida fue discutida en una reunión convocada por Asocapitales, en la que varios alcaldes del país manifestaron su inconformidad, calificándola como una decisión inconsulta y de difícil cumplimiento.
La situación plantea un desafío significativo para las finanzas municipales y ha generado un llamado urgente a las autoridades nacionales para reconsiderar la implementación de esta política.
