Este programa, esencial para garantizar la nutrición y permanencia escolar de la población estudiantil, ha enfrentado múltiples desafíos en su implementación a nivel nacional.
Principales hallazgos:
- Cobertura insuficiente: Siete Entidades Territoriales Certificadas (ETC) no han iniciado la prestación del servicio, dejando a aproximadamente 307.000 estudiantes sin los complementos alimentarios necesarios.
- Retrasos significativos: En 14 ETC, la entrega del PAE comenzó con demoras que oscilaron entre 10 y 30 días, afectando a más de 1,5 millones de estudiantes.
- Deficiencias en infraestructura: Se identificaron problemas en las instalaciones destinadas a la preparación y consumo de alimentos en el 72% de las instituciones visitadas. Estas deficiencias incluyen cocinas y comedores en mal estado, falta de espacios adecuados para el almacenamiento de alimentos y mobiliario insuficiente.
- Problemas de higiene y salubridad: En algunas instituciones, las condiciones de higiene son alarmantes. Por ejemplo, en la Institución Educativa John F. Kennedy, la falta de limpieza ha provocado la aparición de moho en las áreas de servicio, y se ha evidenciado el transporte inadecuado de alimentos en vehículos no aptos, como motocarros, aumentando el riesgo de contaminación.
Impacto en la comunidad educativa:
La interrupción y deficiencia en la prestación del PAE no solo compromete la salud y nutrición de los estudiantes, sino que también influye negativamente en su rendimiento académico y asistencia escolar. Para muchos niños en situación de vulnerabilidad, la alimentación proporcionada por el PAE es fundamental para su desarrollo y bienestar diario.
Casanare
En el departamento de Casanare, 13 municipios no certificados (Tamara, Tauramena, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Villanueva, Trinidad, Maní, Nunchía, Orocué, Pore, San Luis de Palenque y Monterrey) no han iniciado la prestación del servicio de alimentación escolar mayoritario de algunas de sus instituciones educativas, a pesar de haber suscrito actas de bolsa común con el departamento, afectando cerca de 5.526 beneficiarios.
Respuesta de las autoridades:
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha instado a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas inmediatas para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Se enfatiza la necesidad de una supervisión más rigurosa, mejoras en la infraestructura y una planificación eficiente que evite futuros retrasos en la entrega de los alimentos.
La situación actual del PAE refleja desafíos persistentes en la gestión de programas sociales en Colombia, subrayando la importancia de una administración transparente y eficiente que priorice el bienestar de la población estudiantil.
