En la reciente Cumbre de Gobernadores celebrada en Villa de Leyva, Boyacá, los mandatarios regionales de Colombia expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en sus territorios y cuestionaron las estrategias implementadas por el gobierno nacional para abordar esta problemática.
Una de las voces más críticas fue la de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien se refirió al paro armado de 72 horas decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su departamento. Este paro ha generado desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades enteras, afectando gravemente la vida cotidiana de la población. Córdoba solicitó al gobierno declarar la conmoción interior en Chocó, similar a las medidas adoptadas en Catatumbo debido a la crisis humanitaria.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su descontento con la gestión presidencial en materia de seguridad. Aunque no asistió a la cumbre debido a una crisis de seguridad en su departamento, Rendón enfatizó que su prioridad es proteger a los ciudadanos y no atender reuniones que, según él, no abordan eficazmente la problemática.
Ante estos reclamos, el presidente Gustavo Petro reconoció que los problemas de seguridad están estrechamente vinculados al narcotráfico y al conflicto armado. Sin embargo, su respuesta no pareció satisfacer a los gobernadores, quienes demandan acciones más concretas y efectivas para garantizar la seguridad en sus regiones.
La situación en departamentos como Chocó es particularmente alarmante. El reciente paro armado del ELN ha resultado en amenazas a la población civil, desplazamientos forzados y una sensación generalizada de inseguridad. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el impacto negativo de estas acciones, especialmente en niños y comunidades vulnerables.
Además, en regiones como Puerto Leguízamo, Putumayo, la presencia de grupos armados como los Comandos de la Frontera, que operan desde el vecino Perú, ha complicado aún más la situación de seguridad. Estos grupos controlan el narcotráfico y ejercen autoridad local, imponiendo reglas y castigos severos a la población.
La cumbre también abordó otros temas críticos, como la crisis económica y la necesidad de inversiones en infraestructura. Sin embargo, la seguridad dominó gran parte de las discusiones, reflejando la urgencia de soluciones integrales que aborden las causas profundas de la violencia y el conflicto en Colombia.
En resumen, los gobernadores colombianos han alzado su voz para exigir al gobierno nacional respuestas más efectivas frente a la creciente inseguridad en sus regiones. La situación actual demanda una colaboración estrecha entre las autoridades nacionales y regionales para implementar estrategias que garanticen la paz y el bienestar de todas las comunidades afectadas.
