Desde hace varias semanas, se ha presenciado un cruce de comunicados de prensa, pronunciamientos y ruedas de prensa de los sindicatos del sector salud, así como de las asociaciones de usuarios y pacientes, todo ese debate de aja entrever que la crisis en el sistema se venía profundizando.
Todo esto ha dejado en medio de la disputa al gobernador César Ortiz Zorro, quien, como ha sido su costumbre en su vida pública y política, ha intentado complacer a todos los bandos.
Tal vez por eso, en algún momento, se habló de la posibilidad de liquidar Capresoca, y tal vez por eso ahora ha sido la misma administración departamental la que, para lavarse las manos y quitarse de encima este dolor de cabeza, solicitó la intervención de la EPS de los casanareños.
Los dos culpables
Capresoca no se quebró de la noche a la mañana.
Aunque es cierto que los últimos ocho años estuvo bajo la dirección de gobiernos del Centro Democrático en Casanare, la situación financiera de la EPS es el resultado de muchos años de mala gestión. Esto, en parte, es consecuencia de cómo está diseñado el sistema de salud en Colombia, que ha sido incapaz de asegurar la sostenibilidad de entidades como Capresoca. Además, no se puede ignorar que la corrupción también ha jugado un papel importante en este deterioro.
Si bien durante esos ocho años se implementaron diversas estrategias y apoyos económicos para mantener a Capresoca a flote, hay que reconocer que el plan de capitalización dejado en su momento para salvar la entidad no estaba cumpliendo con su objetivo. La auditoría contratada por la propia EPS arrojaba resultados preocupantes sobre los manejos administrativos, que hasta entonces no se conocían.
En este contexto, recae una gran responsabilidad en la administración anterior de Salomón Sanabria.
Por otro lado, parte de la culpa también recae sobre el actual gobierno.
Desde el principio, no veía con buenos ojos la permanencia de Capresoca dentro del ecosistema de salud del departamento. De hecho, fue César Ortiz Zorro, como gobernador de Casanare, uno de los primeros mandatarios en ofrecer la EPS al gobierno nacional para convertirla en gestora de salud, como lo contemplaba la fallida reforma.
Sin embargo, el afán de César Ortiz por complacer a todos no le permitió actuar con firmeza respecto a los manejos de la entidad. A esto se sumó la posibilidad de que una intervención de la Superintendencia le quitara de encima el problema que representaba Capresoca y otras IPS del departamento. Esta presión lo llevó a pedir la intervención por parte de la Superintendencia, contandocon la ventaja de que el actual superintendente es un reconocido militante del partido Verde.
LO QUE SIGUE
Capresoca estará intervenida durante un año, según lo menciona el comunicado de prensa de la Superintendencia, que también aclara que se trata de una intervención administrativa, mas no con fines de liquidación. Además, es importante recordar que uno de los principales discursos del gobierno de Gustavo Petro es la defensa de lo público, lo que brinda un respiro a los casanareños respecto a la permanencia de su EPS.
No obstante, será crucial observar qué medidas tomará la administración departamental para consolidar la necesidad de que Capresoca siga existiendo, ya que es la única EPS a la que los casanareños pueden recurrir cuando tienen alguna queja. Esta EPS cuenta con oficinas en el departamento, a diferencia de otras que solo tienen personal administrativo sin directivos con capacidad de decisión.
Un aspecto que también deberá ser analizado es la gestión que puedan realizar los cuatro congresistas de Casanare a nivel nacional para garantizar la continuidad de los servicios de salud y el mejoramiento de la situación de la entidad, que atiende a más de 170,000 usuarios en el departamento.
