Una investigación que tuvo su raíz en testimonios de comandantes exparamilitares del Bloque Centauros y las Audotefensas Campesinas del Casanare – ACC, durante un proceso adelantado en el marco de la Ley de Justicia y Paz que se falló en 2016, se convirtió en la fórmula para desentrañar la estrecha relación que con conocimiento de altos directivos, tuvo la empresa petrolera PERENCO en apoyo al accionar de estos grupos paramilitares.
Ahora, siete años después de esa solicitud de investigación, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la resolución de acusación en contra del exgerente de distrito de la petrolera Perenco en Casanare, ANTENOR SARMIENTO DELGADO; y del exsupervisor de tierras de la misma compañía, RAMIRO PINZÓN SUÁREZ.
Dichos exfuncionarios de la petrolera deberán responder ante la justicia como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado, conducta punible que fue declarada de lesa humanidad.
Según la investigación que fue liderada por un fiscal del Grupo de Compulsas de la Dirección de Justicia Transicional, los exdirectivos SARMIENTO y PINZÓN, habrían intervenido en reuniones y acuerdos, o actuaron como intermediarios con integrantes del frente «Héroes de San Fernando» del Bloque
Centauros y con faciones de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare – ACC.
Lo particular del caso, es que tal parece que la petrolera PERENCO jugó así «a dos bandas» puesto que en su momento, estos grupos de autodefensas sostuvieron una guerra a muerte por el control del territorio, confrontándose en diversas ocasiones y dejando a Casanare sembrado de muertos.
OPERACIÓN «PETRÓLEO» NEGRO
Según las investigaciones del proceso (que se adelanta bajo el procolo de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Procesal Penal), los contactos ilícitos se mantuvieron entre 1996 y 2005.
En sus encuentros con los voceros paramilitares, los directivos de PERENCO tenían el propósito de convenir, garantizar y asegurar un aporte mensual de la compañía petrolera, representando en dinero,
combustible, alimentación y transporte, para los paramilitares.
A cambio, la empresa recibiría un «servicio de seguridad» que ofrecían las estructuras armadas ilegales en los pozos de extracción de crudo.
Este tipo de compromisos, afloró en desarrollo de la investigación que en 2016 se tradujo en la primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en el cual se mencionó el respaldo de sectores productivos a las operaciones paramilitares en el departamento.
En su momento, la magistrada que profirió la decisión reflejada en un expediente de más de mil folios (Alexandra Valencia) pidió investigar estos nexos en los Llanos Orientales.
El fallo de más de 1.000 páginas, proferido por la magistrada Alexandra Valencia, causó revuelo porque pidió investigar el papel de diversos actores como financiadores del accionar de los paramilitares en Casanare. Ahí, saltó a la luz el nombre de la petrolera…
En su momento, la decisión fue reseñada por los portales VerdadAbierta.com y RutasdelConflicto.com que han hecho seguimiento histórico al conflicto paramilitar en el país.
LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA PERENCO
Las operaciones petroleras se remontan a 1971 cuando llegó a Colombia la Sociedad Aquitaine Colombie S.A. (ELF AQUITAINE) que en 1993 continuó explotaciones petroleras de varios proyectos con la denominación de PERENCO.
La empresa, producto de programas sociales como «las PERENQUITAS» (unas busetas de transporte escolar rural que recorrían las veredas de Casanare transportando a estudiantes y personas de la comunidad), o la entrega de «la PERENCOLADA» (un suplemento nutricional para estudiantes) o patrocinando muchos eventos deportivos y culturales en las veredas, se granjeó un gran aprecio en sus áreas de operación.
PERENCO extendió su operación a contratos de asociación (Casanare, Estero, Corocora, Garcero, y Orocue), adelantó fases exploratorias en algunas otras áreas y maneja un contrato de concesión (Yalea).
Durante el proceso de la referencia y tal como lo consignó el fallo de la magistrada Valencia, durante sus testimionios, el confeso narcotraficante Daniel Rendón Herrera (alias ‘Don Mario’), quien fuera jefe financiero del Bloque Centauros, aseguró que PERENCO paga $20 millones mensuales a los paras.
“Cuando yo recibí la parte administrativa y financiera del Bloque, me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales (…) yo me reuní con el gerente de esa compañía, fui en compañía de Manuel de Jesús Pirabán (aias Pirata) en ese entonces (…) en el año 2002, yo les manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se fuera a tomar los pozos petroleros», dijo.
Agregó que luego de esa petición de «reajuste» se acordó con ellos (la petrolera) «que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual… recurso que nos dieron por el tiempo que venía de antes y lo dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera”.
la magistrada Valencia consignó en el fallo que “en ese sentido, la petrolera PERENCO, se beneficiaba del modus operandi del Bloque Centauros, por medio de la seguridad que la estructura paramilitar ofrecía a sus pozos, razón por la cual aquella, le daba una contraprestación, que en parte, permitía su expansión y consolidación en la región de los Llanos Orientales”.
EL PACTO CON LOS RIVALES…
Sin embargo, este no fue el único grupo paramilitar que salpicó a PERENCO por presuntos nexos de apoyo logístico y financiero.
En 2011, Nelson Florentino Vargas Gordillo, alias «Azulejo», exmiembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare – ACC. le dijo a la Fiscalía que entre 2001 y 2002 esta compañía le colaboraba a los paramilitares que lideraba ‘Martín Llanos’.
Según su testimonio, PERENCO se comprometió a entregar mensualmente cien canecas de gasolina y montos entre 50 a 100 millones de pesos para garantizar seguridad en las áreas de dominio territorial de las ACC.
El entonces subordinado de «Martín Llanos», calificó el acuerdo como una “macabra alianza entre la compañía petrolera y el grupo armado ilegal”.
