El mismo gesto despreocupado de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) que mantuvo sin amparo de póliza «todo riesgo» a un compactador de basuras que el pasado 27 de abril sufrió un aparatoso accidente de tránsito, demostró la entidad al ni siquiera tomarse la molestia de contestar los requerimientos de la Contraloría de Casanare que en una auditoría demostró que dicha situación generó un daño al patrimonio público que cuantificó en más de mil 200 millones de pesos.
Además de mantener el carro accidentado sin la póliza desde diciembre y hasta un día después del accidente, la entidad no se tomó el trabajo de responder el informe que la Contraloría emitió luego de la Auditoría y para el cual le otorgó un plazo de tres días.
El daño fiscal causado por dicha conducta, fue cuantificado en más de $1.200 millones de pesos y quedó consignado en el informe final de la entidad que por supuesto controvierte las afirmaciones de la Agente Especial (gerente encargada) de la EAAAY, Judhy Stella Velásquez Herrera, según las cuales el vehículo contaba con las pólizas de aseguramiento suficientes.
Pero aunque así lo dijo la funcionaria en varias instancias, la pesquisa de la Contraloría determinó la inexistencia de la póliza «todo-riesgo» para este vehículo, el cual estuvo sin dicho respaldo desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 28 de abril de 2024.
Es decir, que solamente después del choque (27 de abril), la entidad se preocupó por gestionar el aseguramiento «todo-riesgo» para dicho automotor.
Esto no solo representó los daños que se deben asumir por las reclamaciones del otro vehículo involucrado, los costos de reparación del automotor que debe pagar la EAAAY, sino que ante la salida del servicio del compactador, la entidad debió contratar el alquiler de dos compactadores más para suplir la ausencia del automotor afectado.
Este alquiler de los dos compactadores, le costó a los bolsillos de los yopaleños, más de $230 millones de pesos que se suman a los poco más de mil millones que según la entidad de control alcanza el valor del impacto fiscal causado a la entidad por este desgreño.
La Contraloría notificó a la entidad sobre hallazgos con alcance disciplinario y fiscal por gestión ineficiente, por valor superior a los $1.300 millones de pesos, por los cuales deberán responder a las entidades competentes.
