La «elefantiasis aguda» que afecta a Casanare por cuenta del reguero de obras inconclusas y proyectos retrasados que aún pululan en territorio Casanareño, fue el diagnóstico que una vez más entregó el Contralor General de la República en una visita para observar los maravillosos ejemplos de corrupción que todavía afectan a Casanre por cuenta de este fenómeno del «roba-roba» inmisericorde…
En tal sentido, La Contraloría General ha identificado 34 proyectos críticos y elefantes blancos por $571.531 millones en el departamento.
Los elefantes blancos más costosos de Casanare son la construcción del proyecto de interconexión eléctrica Casanare – Vichada, con un costo de $ 120.342 millones y el mejoramiento de la vía Maní – Tauramena – Monterrey, con un valor registrado de $105.758 millones y el
Acueducto de Yopal con un total de $88.314 millones.
En Casanare, el sector con mayor cantidad de recursos invertidos es agua
potable y saneamiento básico, con un total registrado de $226.471 millones.
Para el rescate de estos proyectos, la Contraloría fomenta espacios de diálogo
institucional y social con los que contratistas, contratantes e interventores, entre
otros actores, celebran acuerdos de gestión ante la ciudadanía, con miras a
terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio de la comunidad.
En desarrollo de esta estrategia de promoción de la vigilancia de la ciudadanía
sobre los recursos públicos, la Contraloría acompaña a la ciudadanía en el
ejercicio del control social en el seguimiento a varios proyectos estratégicos así:
La construcción de las soluciones de vivienda del proyecto Torres del
Silencio, inicialmente contratado en el 2011 y con dificultades desde el comienzo
de la ejecución, pues la infraestructura construida no cumplió con los
requerimientos de construcción y tuvo que ser suspendido.
Algunas familias
beneficiarias invadieron las torres sin terminar y habitan en ellas a pesar de los
riesgos y de que no cuentan con servicios públicos.
La administración realizó
una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente,
tras lo cual la alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.
Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare,
que obliga a la administración municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres
fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones
que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las
familias beneficiarias afectadas.
Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las
fases, dado que la Alcaldía de Yopal no ha comenzado el proceso administrativo
para el desalojo de las familias que no dejarán sus viviendas voluntariamente.
Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, tienen pendiente
definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las
torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente
cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y
diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y
Rural de Yopal – INDEV.
Sobre este proyecto, desde el 2021, la Contraloría adelanta un proceso verbal
en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que se
encuentra en etapa de imputación de responsabilidad fiscal.
La estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur,
entre la calle octava y la urbanización del Paraíso, proyecto que inició en el
2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%.
Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación
de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.
La captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal,
cuya etapa I ya fue culminada al 100%, pero que no cuenta con recursos para el
reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que
está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la
contratación.