Bienes y propiedades de un cabecilla del Clan del Golfo, por más de $420.000 millones fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio, por parte de la Fiscalía General de la Naciób.
Las propiedades estaban a nombre de una red criminal señalada de ocultar los
recursos ilícitos del extraditado cabecilla de esta organización delictiva, conocida con el alias de «Nicolás».
Se trata de la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo,
secuestro y toma de posesión sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en casi medio billón de pesos.
Para materializar esfe fuerte golpe a las finanzas criminales fue necesario el trabajo articulado de 30 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, y de un grupo de peritos e investigadores del CTI lo que permitió establecer que las propiedades
pertenecerían al extraditado cabecilla de esa organización criminal, Antonio Moreno
Tuberquia, alias «Nicolás».
Los elementos de prueba indican que los millonarios activos estaban a nombre y eran
administrados por una organización señalada de constituir sociedades, comprar bienes y realizar
diferentes actividades comerciales con dineros producto del narcotráfico y otras actividades
ilícitas.
La presunta articuladora de esta red de testaferros era una exintegrante de las extintas
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras
para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias «Nicolás» y evitar el rastreo de las
autoridades.
Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio están representadas en 253
inmuebles, 10 establecimientos de comercio, 12 sociedades, 17 vehículos, 38 equinos y 990
cabezas de ganado.
Las diligencias de materialización de las medidas cautelares se realizaron en Bogotá; Pereira
(Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena
(Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía
(Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo
(Casanare); y Cubaral y Acacías (Meta).
Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, definida por el Fiscal General de la Nación
Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas del narcotráfico, las organizaciones
criminales y la delincuencia común.
Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para
su administración.
