“La decisión del Presidente Petro no modifica en absoluto las funciones de la Policía, por el contrario, se redirige el enfoque de la acción policial que debe estar concentrada no en la persona del consumidor que está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad (tal como lo permite la Constitución) sino en la persecución al expendedor o distribuidor que es la persona que trafica», dijo el reputado abogado penalista Francisco Bernate sobre la polémica en torno al reciente decreto presidencial que se emitió sobre las facultades de Policía frente al control del consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos.
Al respecto, el propio Petro dijo que «estoy viendo que ya ciertos sectores de la prensa confunden contravención de policía que se expresa en el Código de Policía con delito, que se expresa en el Código Penal».
Y es que la promulgación del decreto 2114 del pasado 7 de diciembre no ha estado exento de críticas por quienes dicen que le restringe a las autoridades el control sobre el consumo de este tipo de sustancias.
«La norma solo pretende ajustar la normativa a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, desconocida por el decreto 1844 del 2018 que ahora se deroga; si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan a la ciudadanía», dijo por su parte el Ministro de Justicia, Iván Velásquez Gómez.
Lo que debe cambiar es la estrategia de la Policía, concentrarse en el tráfico y la distribución ilegal, centrándose en los expendedores y el microtráfico, en lugar de perseguir al consumidor.
La prohibición se relaciona principalmente con la compra, venta y distribución, porque los consumidores tienen el derecho legal de desplazarse portando estas sustancias siempre y cuando sean para su consumo individual, precisó el jurista Bernate sobre la medida que ha levantado polémica pues para muchos sectores abre la puerta y debilita la acción de la policía en la lucha contra la proliferación del consumo en lugares públicos.
