Por Juan Carlos Niño Niño
En la actual crisis política sube “la tarifa” en la aprobación de la agenda gubernamental en el Congreso, porque un Mandatario al parecer “ilegítimo” debe invertir aún más para la aprobación de sus proyectos, aún más cuando las reformas de Petro se convierten en una cirugía radical al Estado –salud, pensiones, laboral y educación- y por nada del mundo las bancadas se la van a poner “fácil” al considerado primer mandatario de izquierda en Colombia, sin desconocer la insistente pero a la hora de la verdad necesaria oposición del Centro Democrático y Cambio Radical, y el creciente escepticismo del Partido Liberal y la Alianza Verde.
El costo de esas “reformas” sube aún más, porque cursan procesos contra Petro en la Comisión de Acusaciones en la Cámara, que si bien no tiene los “dientes” para “condenar” –ni legal ni políticamente- si tiene el poder de eximir de todo mal y pecado al Mandatario, lo que confirma aún más su “sobrenombre” tradicional y capcioso: “Comisión de Absoluciones”.
Es decir, la tarifa del trámite legislativo no solo aumenta por el calado de las reformas y los recientes escándalos del gigoló Nicolás Petro, sino la “radicación” de sendas denuncias contra el Presidente en esta Comisión de Acusaciones –como la acertada denuncia del Senador Miguel Uribe- que se convierten en una “vuelta” más del Gobierno Nacional, para impedir que las misma no pase a Plenaria de Cámara, o si es el caso hundirla en ésta entes de pasar formalmente al Senado, que la dejaría a un paso de la Corte Suprema de Justicia.
El fracaso de la Comisión de Acusaciones no tiene ninguna discusión –concebida en el espíritu presidencialista de la Constitución de 1991, respaldada por el entonces M-19 en la Constituyente- y se mantiene paradójicamente por una Sentencia de la Corte Constitucional, cuando declaró inexequible algunos artículos de la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes (Acto Legislativo 02 de 2015 – Sentencia C-029-18), prohibiendo los cuestionados Consejo Superior de la Judicatura y Comisión de Acusaciones, impidiendo en este último caso la creación de un Comisión de Aforados, que buscaba juzgar a los altos funcionarios con criterios eminentemente jurídicos, a cargo de jueces debidamente estructurados en el tema, convirtiéndose esto en una las grandes faltas de la Corte Constitucional con el País.
La similitud entre las administraciones Samper–Petro, se acentúa aún más con el juicio en la Comisión de Acusaciones –en el primer caso se hundió en la Plenaria de la Cámara- porque a ambos se les genera entonces una alta factura en el trámite legislativo, con solo mencionar que cuando recién inicié como funcionario del Congreso –a mediados de los noventa- se decía en los pasillos del Capitolio Nacional, que cada vocero de los partidos de Gobierno repartía dos millones de pesos a cada uno de sus miembros –enviados éstos supuestamente por el presidente Samper- para que los legisladores revivieran la Extradición –no incluida en la Constitución de 1991- siendo esta aparentemente una estrategia del entonces Mandatario para recuperar la credibilidad de los Estadounidenses.
Una pregunta: ¿estaríamos a las puertas de repetir lo mismo con el Presidente Petro? ¿Terminará por enviar recursos para archivar el proceso en la Comisión de Acusaciones, o para que se le aprueben en segundo debate las reforma a la salud y pensiones? ¿Tendrá límites éticos y morales el Presidente, o en su defecto las bancadas cercanas al Gobierno tendrán el criterio de no aceptar las supuestas prebendas? Nadie puede asegurar que Petro va a ofrecer y que el Congreso va a recibir, no podemos suponer de manera desfavorable el comportamiento humano, pero las actual crisis podría despertar los más bajos instintos humanos, en una maratónica y casi angustiante lucha de sobrevivencia presidencial.
¡Que Dios nos coja confesados!
Asesor Legislativo – Escritor / Bogotá D.C., domingo 13 de agosto de 2023.
