Ecopetrol deberá adelantar acciones en un área afectada por el derramamiento de hidrocarburos en Barrancabermeja (Santander). Además, pagará cerca de 6.500 millones de pesos a pescadores y comerciantes por el impacto económico generado con la contaminación a las fuentes hídricas.
La Fiscalía General de la Nación logró dicho acuerdo sin precedentes en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente.
Gracias al trabajo investigativo realizado por el afloramiento de hidrocarburos ocurrido el 2 de marzo de 2018, en zona rural de Barrancabermeja (Santander), Ecopetrol aceptó su responsabilidad en el grave daño ocasionado a los cuerpos de agua, el suelo, la flora y la fauna; además de la afectación a las comunidades.
La emergencia, producto del manejo antitécnico e inadecuado del pozo Lizama 158, causó derramamiento de crudo y gas a la quebrada Lizama y el caño La Muerte, en el corregimiento La Fortuna.
Por más de 15 días una mancha espesa de hidrocarburo sin control avanzó, aproximadamente 27 kilómetros hasta el río Sogamoso, generó el desplazamiento de especies, acabó diversos ecosistemas, produjo una grave contaminación e interrumpió las labores de pesca.
En tal sentido, un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, adscrito al eje temático de protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, presentó ante un juez de control de garantías un acuerdo, en el que Ecopetrol se compromete a sostener un Plan de Recuperación Ambiental (PRA), que contempla 11 grandes acciones para corregir, mitigar y compensar los impactos y efectos ocasionados.
Será un trabajo de tres años, que ya inició y avanza. Contempla limpieza, tratamiento y monitoreo de los cuerpos de agua; obras de protección y defensa de los ecosistemas; adecuación del área donde se registró el afloramiento de hidrocarburos; rehabilitación de la vegetación y las llanuras de las zonas ribereñas; creación de viveros con plantas nativas; reincorporación de fauna silvestre y microorganismos necesarios para la conservación de los ecosistemas, y capacitaciones a la comunidad, entre otras actividades.
Para ejecutar este PRA, se seguirán los parámetros de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que ejercerá supervisión permanente.
Adicionalmente, Ecopetrol indemnizará a 873 víctimas con cerca de 6.500 millones de pesos. Pagará durante nueve meses un salario mínimo mensual vigente a 752 pescadores acreditados por la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (PISPESCA); y, en un periodo de tres meses, reconocerá un salario mínimo mensual vigente a 121 comerciantes de pescado agremiados en Asocorramb y Asocopropal.
El acuerdo fue avalado por el juez de control de garantías.
