(Fotos: cortesía Ejército y tomada de portal eldiariodelllano.com)
La terca posición de la Policía de Casanare de negar la autoría del Clan del Golfo en el ataque a una maquinaria en Yopal (ocurrido en noviembre de 2020) quedó hecha polvo luego de la captura de uno de los responsables de dicha acción delictiva.
En la propia capital casanareña y por una orden judicial emitida a solicitud de la Fiscalía 22 Especializada, la captura se produjo durante una operación conjunta de los grupos GAULA (Militar y de Policía), el CTI Gaula, el Grupo Aéreo del Casanare.
Como Darwin Fernández Grosso, natal de Villavicencio, se identificó al sujeto cobijado por la orden de captura por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.
Según las investigaciones judiciales, Fernández Grosso participó en la referida acción terrorista contra maquinaria amarilla que en noviembre de 2020 realizaba obras públicas en el barrio Llano Vargas (sector de Llano Lindo), en Yopal.
En dicha fecha, dos sujetos motorizados llegaron al lugar y luego de pintar con graffitis de la “AGC” una retroexcavadora, realizaron disparos al motor y vidrio de la máquina. Voceros policiales del momento negaron firmemente la autoría de este grupo criminal, afirmando que “no había evidencia de dicha participación”.
Sin embargo, la captura de Fernández Grosso a quien también se señala como segundo cabecilla de la estructura de finanzas del Clan del Golfo en Casanare, subestructura “Gonzalo Oquendo”, ratifica las versiones de que esta banda criminal sí tuvo participación en el hecho, al parecer con móviles extorsivos.
Además de esta función, el sujeto se encargaba de coordinar movimientos de armamento para esta organización y actuaba como “enlace” entre los departamentos del Meta y Casanare en delitos relativos a narcotráfico y extorsión.
CARRERA CRIMINAL
Esta, sin embargo, no es el único antecedente delictivo de este temible individuo.
En 2009, Fernández Grosso fue capturado en medio de una operación militar que permitió la incautación de un alijo de cocaína de 1.700 kilos (1,7 toneladas).
Esta incautación se produjo en inmediaciones de Puerto Gaitán (Meta) y luego de su presentación en audiencia pública para legalización de captura e imputación de cargos, Fernández Grosso fue procesado y cumplió condena intramural en cárcel de Villavicencio (Meta), quedando en libertad en 2015.
Ahora, en este nuevo proceso de judicialización que desarrolló la Fiscalía 22 Especializada, nuevamente le dio aseguramiento en institución carcelaria por los nuevos delitos.
