Un balance de 57 procesos de responsabilidad fiscal (por $27.509 millones), 52 procesos de cobro coactivo (por $6.548 millones); y más de 85 proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos, presentó entre otros indicadores, la Oficina Delegada para Casanare de la Contraloría General de la República.
Proyectos de vivienda (como uno firmado entre la Gobernación y la OnG “Molinos de Viento” para el mejoramiento de viviendas en Chámeza y Hato Corozal; o el de la inconclusa urbanización San Jerónimo, obra suscrita entre la Gobernación y el Instituto Municipal para el Desarrollo de Hato Corozal – IDEHA) obras que nunca se llevaron a cabo, fueron mostrados por la Contraloría como casos emblemáticos de despilfarro de recursos.
Entre otros proyectos donde según el ente fiscalizador hay riesgo patrimonial (aunque en algunos casos las obras fueron terminadas) se mencionaron Torres del Silencio, la obra de la nueva planta de agua potable del acueducto de Yopal, programas del ICBF en Casanare, entre otros.
La CGR, Delegada en Casanare, citó cinco casos emblemáticos como muestra de la gestión en el último año, destacándose los resultados de una Auditoría de Cumplimiento a COMFACASANARE donde se determinaron 5 hallazgos fiscales por $11.198 millones.
En este caso, la Contraloría “determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública lo cual arrojó” dicho resultado.
El alcance fiscal más representativo se originó en la utilización de recursos de destinación específica para cubrir otros compromisos de la entidad, lo que generó desfinanciación del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), en dicha suma.
Al respecto, Gustavo Ayala, Director de la entidad, anunció para las próximas horas una declaración pública sobre el tema, aunque no ocultó su extrañeza ante las aseveraciones de la Contraloría.
“No entiendo dicha afirmación, siempre hemos estado en condiciones de informar a la entidad y en nuestras respuestas a la entidad en su auditoría, están todas las explicaciones del caso que justifican que no hay riesgos al respecto”, dijo el funcionario.
Otro caso emblemático es un hallazgo fiscal de $1.146 millones por irregular ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte del municipio de Yopal.
Se logró establecer un hallazgo fiscal en dicha cuantía, por la no atención de las directrices del Ministerio de Educación Nacional, por cuanto la Secretaría de y Educación Municipal realizó pagos de primas extralegales que carecen de amparo constitucional, generando una disminución en los recursos disponibles para la cancelación oportuna de la nómina de los docentes y directivos docentes del municipio.
Estos hechos habrían ocurrido en la vigencia de la anterior administración municipal.
*Fallo de responsabilidad fiscal ejecutoriado el 21 de julio de 2020 por una cuantía indexada de $970 millones.
Proviene del incumplimiento en la ejecución del convenio No. 228 de diciembre 31 de 2008, suscrito entre el Departamento de Casanare y el Instituto Municipal para el Desarrollo de Hato Corozal – IDEHA, cuyo objeto era articular propósitos para la construcción, de 100 viviendas nuevas de interés social (VIS) en el municipio de Hato Corozal, Departamento de Casanare. Proyecto de vivienda denominado, San Jerónimo.
*Fallo de responsabilidad fiscal ejecutoriado el 23 de enero de 2020, por una cuantía indexada de $362 millones.
Proviene del incumplimiento en la ejecución del convenio de cooperación No. 001 de 2013, cuyo objeto consistió en “Aunar esfuerzos para la intervención, ajuste y construcción de 47 mejoramientos de vivienda de interés social con entorno de vida saludable en el municipio de Hato Corozal y 18 mejoramientos de vivienda de interés social con entorno de vida saludable en el municipio de Chámeza, departamento de Casanare”, celebrado entre el Departamento de Casanare y la ONG Molinos de Viento.
*Fallo de responsabilidad fiscal ejecutoriado el 05 de marzo de 2020, por una cuantía indexada de $419 millones.
Se genera por incumplimiento en la ejecución del contrato No. 189 de 2012 celebrado entre el ICBF y la Asociación comunitaria de padres usuarios de hogares de bienestar del barrio el centro del municipio de Villanueva Casanare, al presentarse un inadecuado manejo de los recursos públicos entregados por el ICBF dentro del programa de Cero a Siempre.
