La Contraloría General de la República detectó 8 presuntos hallazgos fiscales por valor total de $24.541 millones de pesos, en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Casanare y algunos municipios de este departamento.
Cuatro de estos hallazgos fiscales, que totalizan $12.867 millones, corresponden a obras ejecutadas por la Gobernación de Casanare.
Mientras tanto, en el Municipio Aguazul se determinó un hallazgo fiscal de $3.384 millones, relacionados con la construcción de una planta veredal de tratamiento de aguas residuales donde, entre otras irregularidades, se hicieron pagos por valores superiores a los ejecutados.
Del total de hallazgos fiscales que determinó la CGR en esta Actuación Especial de Ficalización, $8.290 millones son resultado de denuncias ciudadanas: uno en el municipio de Orocué (por $5.719 millones) y otro en el municipio de Maní (por $2.570 millones).
Cuatro hallazgos en la Gobernación de Casanare
La Gobernación de Casanare fue designada como ejecutora de varios proyectos que tenían como objetivo impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes del departamento. Sin embargo, debido a malos manejos en la gestión, planeación y ejecución de los proyectos, dichos objetivos no han sido cumplidos y, por el contrario, han generado daño al patrimonio por un valor de $12.867 millones.
Los casos a destacar son:
1. Hallazgo fiscal por $ 5.508 millones por sobrecostos en proyecto de Transporte:
Sobre el proyecto “Ampliación de la vía y pavimentación en carpeta asfáltica Sabanalarga – La Ye – Porvenir, municipio de Sabanalarga, (22.3 KM)”, por valor de $31.212 millones, la Contraloría General de la República realizó análisis y seguimiento a cada una de las etapas contractuales y a la información suministrada por la entidad en lo correspondiente al análisis de precios unitarios de la propuesta del contratista de obra, Consorcio Vías del Llano.
Se evidencia falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales.
Dichas actuaciones evidencian una vulneración al principio de selección objetiva establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 2007, que señala que la misma obedece a que la oferta más favorable sea la que se ajuste a los requisitos y condiciones objetivas de evaluación indicadas en los pliegos de condiciones.
Hubo una deficiente estructuración técnica de los ítems observados, así como inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase precontractual y de la interventoría y supervisión de la misma, en la ejecución del proyecto. Esto se dio al aprobar los análisis de precios unitarios sin haber presentado observaciones al respecto.
Dicha gestión, calificada como antieconómica e ineficaz, y que compromete al contratista de la obra y de la interventoría, por uso ineficiente de los recursos, se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.508 millones.
Esta suma corresponde al cálculo de cantidades de las actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo producto de los ajustes realizados.
2. Detrimento patrimonial por $4.371 millones en proyecto de tecnología e innovación
En el caso del proyecto “Fortalecimiento de capacidades en conocimiento, investigación, ciencia, tecnología e innovación –CTEI–, encauzado al desarrollo integral del sector educativo, mediado por TICS en Casanare”, por valor de $21.963 millones, que beneficiaría a 26.000 personas, la Contraloría General de la República pudo constatar, tras un proceso auditor, que presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría, a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales.
Por la vulneración al principio de planeación, el pago por prestaciones no ejecutadas e incumplimiento del objeto contractual, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al convenio especial de cooperación No. 020 del 2013 y al contrato de interventoría No. 1692 del 2014, que asciende a $4.371 millones.
3. Hallazgo de $1.813 millones en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque: se advierten deficientes y graves falencias en los diseños estructurales y la realización de ítems o actividades que agotaron el valor del contrato permitiendo incumplimiento del objeto contractual.
Para el proyecto “Construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana (colegio), municipio de San Luis de Palenque”, por valor de $1.895 millones, se realizó la debida inspección de los contratos de obra e interventoría, así como de la ejecución de las actividades programadas y avances de obra, y se pudo constatar que el proyecto presenta deficiencias y graves fallas en la etapa precontractual y contractual.
Se evidenció una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de zona y los riesgos de reestructuración que se podía presentar. Debido a esto, se configura un hallazgo fiscal por valor de $1.813 millones.
4. Hallazgo de $891 millones en vía de acceso a vereda de Aguazul: obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo de anticipo del proyecto.
Para el proyecto “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua – municipio de Aguazul”, que tenía un valor total de $2.165 millones, se pudo constatar que los ítems y actividades del contrato de obra 2135 de 2018 ejecutados hasta ese momento se traducen en un avance de obra equivalente a solo un 38%, mientras que los dineros pagados a la fecha ascienden a $1.748 millones, o sea un porcentaje del 80,64 %.
Queda así saldo por pagar de $419 millones (el 19,36%), lo cual evidencia que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
En razón a este mal manejo del anticipo y pago de prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa, se configura un detrimento patrimonial con incidencia disciplinaria por un valor de $891.389.281
Un hallazgo en el Municipio de Aguazul:
El municipio de Aguazul fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Copiagua”, por un valor total de $4.592 millones correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías.
Para su ejecución se celebró un contrato de obra con el Consorcio Ptar Casanare, por valor de $4.184 millones, un contrato de interventoría con el Consorcio Intersaneamiento por valor de $333 millones, y otro contrato de apoyo a la supervisión por valor superior a los $73 millones.
El alcance del proyecto es mejorar el desempeño del sistema actual del tratamiento de aguas residuales, contribuyendo a una adecuada prestación del servicio de alcantarillado, protección al medio ambiente y calidad de las aguas superficiales de las fuentes hídricas receptoras de estos vertimientos.
Sin embargo, en el proceso auditor adelantado por la Contraloría General de la República se pudo constatar que los ítems y actividades del Contrato de Obra No. 275 de 2018 tienen un porcentaje de ejecución equivalente a un 50%, mientras que los dineros pagados equivalen a un porcentaje del 73,68% del valor total de la obra, quedando un saldo por pagar de $1.208 millones equivalente a un 26,32%, evidenciando que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
De esta forma, se establece que hay una falta de planeación y ejecución por parte de la supervisión contratada; también hay falta de actuación por parte de la interventoría para conseguir la correcta ejecución y funcionalidad del proyecto.
Así mismo, la Alcaldía aceptó, certificó y/o aprobó como recibidos a satisfacción y, además, aprobó, avaló y/u ordenó el pago del valor total de obras no realizadas, o realizadas parcialmente o en condiciones defectuosas o insuficientes o, en general, sin el cumplimiento real de lo efectivamente contratado.
Se evidencia también que la ejecución de la obra ha presentado varios inconvenientes a la espera de permisos y autorizaciones que han dejado como resultado varias suspensiones y prorrogas del contrato, evidenciado así una muestra fehaciente de la debilidad presentada en la etapa precontractual y contractual del proyecto.
Esto demuestra una violación directa al principio del planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar que los permisos ambientales expedidos por Corporinoquia no se ajustan a los requerimientos técnicos del proyecto y que tampoco se cuenta con permiso de uso de vía nacional expedido por el INVIAS.
De esta forma, se encuentra un detrimento al patrimonio público, consecuencia de una gestión fiscal antieconómica e ineficiente, resultado de la conducta omisiva de no exigir el cumplimiento conforme a lo pactado.
Por la falta de exigibilidad, falta de imposición y adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno y efectivo del proyecto, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al proyecto, cuya suma asciende a $3.384.026.892.
Hallazgos fiscales por $8.290 millones
como resultado de denuncias ciudadanas
Gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento de Casanare que luchan contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron denuncias, y, como resultado en la auditoria se establecieron hallazgos fiscales por valor de $8.290 millones, así:
*Municipio de Orocué: Hallazgo fiscal por $5.719 millones por construcción del Centro Multiprural Las Malokas, que no ha sido terminado y no presta servicio.
Para el caso del proyecto “Construcción Etapa I Centro Multiplural Las Malokas en el Municipio de Orocué, año 2015”, por valor de $6.089 millones, la Contraloría General de la República pudo constatar que dicho proyecto a la fecha no presenta acta de liquidación y/o entrega de las obras, no ha sido terminado y no existe una estrategia de mantenimiento, operación y funcionamiento.
Transcurridos 54 meses desde su adjudicación, este proyecto no presta ningún servicio, dejando de cumplir así la finalidad de la inversión, que pretendía beneficiar a 1.920 personas de todas las comunidades indígenas, población que corresponde al 20% de la población del Municipio de Orocué.
Todo esto se traduce en un presunto daño patrimonial, configurándose así un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.719.944.475 que corresponden a pagos realizados a los contratos 744 de 2015 y 748 de 2015.
*Municipio de Maní: Hallazgo fiscal por $2.570 millones por construcción de obra pública en predio privado y falta de planeación.
Para el proyecto “Construcción de redes de energía eléctrica de media, baja tensión y repotenciación Subestación Belgrado para las veredas Belgrado, Las Brisas, El Socorro y San Joaquín de Garibay, área rural municipio de Maní”, la Contraloría General de la República pudo constatar un daño al patrimonio por valor de $2.570 millones, que se produce por la construcción de una obra pública en predio privado.
Se evidenciaron deficiencias en la planeación al requerirse ajustes que implicaron suscribir un acta de modificación de cantidades de obra, debido a las falencias en los estudios y diseños, al omitirse aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación.
Así mismo, se encontraron fallas en las labores de supervisión e interventoría en el control y seguimiento respecto del proyecto, y deficiencias e insuficiencias técnicas graves desconociendo de esta forma sus funciones y obligaciones contractuales y legales.
Se omitieron aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación de la red eléctrica, requiriendo inclusión de ítems no previstos en el contrato, cuyo costo ascendió a $53´259.696.
Adicionalmente se evidenciaron debilidades en el seguimiento al proyecto, teniendo en cuenta que se permitió su ejecución sin contar con los permisos de servidumbre requeridos, lo cual afecta la operación de la red eléctrica construida.
Cobertura de la Actuación y total de hallazgos.
Durante el primer semestre de 2020, la Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Casanare, ejecutados por la Gobernación de Casanare y los municipios de Orocué y Aguazul.
En total fueron auditados 6 proyectos por un valor total de $108.587 millones, de los cuales $108.232 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Dichos proyectos pertenecen a los sectores de Transporte, Medio Ambiente y Riesgo – Atención de desastres, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Vivienda, Ciudad y Territorio.
Como resultado del proceso adelantado, el equipo auditor configuró 8 hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, y 6 con connotación fiscal por valor de $16.251 millones, por deficiencias relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías.
Por otro lado, gracias a las denuncias ciudadanas y al compromiso de los veedores del departamento de Casanare que lideran la lucha contra la corrupción y velan por el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron varias denuncias y como resultado en la auditoria se establecieron hallazgos fiscales por valor de $8.290 millones señalados anteriormente (en Orocué y en Maní).
