Una acción jurídica que busca recuperar más de $309 millones pagados por concepto de intereses en el reconocimiento de una indemnización que se pagó a un contratista de la Gobernación de Casanare, fue admitida en el Juzgado 1º Administrativo de Yopal.
La decisión de acoger la pretensión de la Gobernación, cobija a Marco Tulio Ruiz (en su condición de exgobernador de Casanare), además de los exjefes departamentales de la Oficina de Vivienda: Renso Daniel Huesa Sana, Carlos Mauricio Cortés Peña y Narda Consuelo Perilla Alonso.
La historia se remonta a diciembre de 2010, cuando la Gobernación y la Cooperativa “Creer en lo Nuestro”, suscriben el Contrato de Consultoría # 1939, para realizar una serie de acciones de interventoría técnica a proyectos de vivienda ejecutados por el ente departamental. El costo del mismo se pactó en $2.681 millones y su plazo de ejecución en 12 meses.
Sin embargo, luego de un par de otrosí que ampliaron en seis meses la vigencia del contrato, este se dio por terminado de manera unilateral el 6 de agosto de 2013 por parte de la Gobernación, que en enero de 2014 pidió la anulación del mismo.
Tales determinaciones, fueron demandadas por la Cooperativa en sucesivas instancias que terminaron con una decisión del 7 de agosto de 2019 en la que el Tribunal Administrativo de Casanare pagó como indemnización $730 millones, de los cuales $309 correspondían a intereses moratorios. El pago se realizó en giros sucesivos que por embargo a “Creer en lo Nuestro” se hicieron a la Contraloría.
Pero al revisar los pormenores del trámite de las reclamaciones del contratista, hasta terminar con la orden del pago de la indemnización a su favor, se encontró que los funcionarios a cargo de tramitar dicho contrato, actuaron de forma culposa, incurriendo en fallas administrativas por “negligencia, imprudencia e impericia” en el desarrollo de sus funciones.
Si bien no hubo dolo en sus conductas, sí fallaron de manera protuberante por no liquidar de manera oportuna el contrato, atender las peticiones del contratista, expedir certificaciones y documentos del proceso, lo que finalmente prosperó en contra de la Gobernación y se tradujo en el reconocimiento de dichos recursos por la demora en la liquidación.
Al admitir la demanda que, obviamente, tiene por delante todo un curso de controversia judicial, el Juzgado calificó la conducta de Ruiz (como Gobernador) y de Huesa, Cortés y Perilla (Directores de Vivienda), como una “actitud negligente”.
También se aclara que la acción de repetición (es decir la pretensión de que estos funcionarios devuelvan los dineros pagados por la Gobernación al contratista), no se entabló por la totalidad de los dineros pagados ($730 millones) sino por los $309 millones, correspondientes a los intereses moratorios.
La demanda fue acogida este 8 de julio, fecha en la cual comenzaron a correr los tiempos de notificación para que los interesados se opongan al respecto.
