La Unión Sindical Obrera (USO) radicó ante Ecopetrol un ambicioso pliego de peticiones con el que busca negociar la nueva Convención Colectiva de Trabajo para el periodo 2026-2028, advirtiendo que el objetivo es evitar una eventual huelga en la principal petrolera del país.
El documento, de más de 150 páginas, incluye exigencias que han generado fuerte debate en el sector económico y empresarial, especialmente por el impacto financiero que tendrían en medio del complejo panorama que enfrenta la compañía, marcada por tensiones internas, investigaciones sobre la permanencia de su presidente Ricardo Roa y una deuda que, según el sindicato, asciende a US$30.000 millones.
Uno de los puntos más sensibles del pliego es la solicitud de un incremento inmediato del 20 % sobre el salario básico para 2026. Además, la USO plantea que para 2027 y 2028 los aumentos se calculen con una fórmula que combine la inflación anual, un 10 % adicional por productividad del sector y la diferencia positiva entre el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno y la inflación registrada.
A esto se suma una petición de reajuste adicional del 5 % en las bandas salariales, aplicable por única vez después del incremento inicial.
El sindicato también exige estabilidad laboral reforzada para los trabajadores con 16 meses o más de antigüedad, quienes solo podrían ser despedidos por justa causa legal debidamente comprobada. Asimismo, propone reducir la jornada laboral a 39 horas semanales para el personal administrativo y a 42 horas para quienes trabajan por turnos, además de establecer un recargo nocturno del 50 %.
Camionetas 4×4, sedes sindicales y auxilios millonarios
Más allá del componente laboral, el pliego incluye un robusto paquete de beneficios económicos para la organización sindical.
Entre las solicitudes aparece una partida única de $4.500 millones en 2026 para actividades sindicales, monto que debería ser ajustado anualmente con el IPC desde 2027. También se solicita la financiación de siete camionetas 4×4 nuevas para renovar la flota sindical, así como subsidios para la construcción de cinco sedes y el mantenimiento de las ya existentes.
En materia de seguridad, la USO argumenta una “grave situación de orden público” para pedir auxilios trimestrales que incluyen hasta $212,4 millones para la junta directiva nacional, además de montos superiores a los $10 millones para otros dirigentes sindicales.
También se contemplan viáticos internacionales de entre US$400 y US$500 diarios, subsidios mensuales de combustible, primas de instalación equivalentes a 70 días de salario para traslados laborales y beneficios para los hijos de los trabajadores, como reembolso total de cursos de informática e idiomas.
Más poder sindical dentro de Ecopetrol
Otro de los puntos que genera polémica es la intención de la USO de tener mayor participación en la estructura de poder de la empresa.
El sindicato propone que el representante de los trabajadores en la junta directiva sea elegido únicamente a partir de una lista de candidatos presentada por la propia organización sindical. Además, busca tener presencia de delegados sindicales en espacios estratégicos de decisión dentro de la compañía.
La organización también insiste en blindar el carácter público de Ecopetrol, impedir cualquier escenario de privatización y fortalecer el negocio tradicional de hidrocarburos, destinando al menos el 80 % del presupuesto de inversión nacional a esta actividad.
La negociación apenas comienza
La anterior convención colectiva fue terminada de manera anticipada el 31 de diciembre de 2025, aunque originalmente estaba pactada hasta finales de 2026. Esto abrió la puerta para una nueva negociación que ahora podría convertirse en uno de los procesos laborales más complejos del año.
Desde la USO aseguran que el pliego busca frenar el “marchitamiento” de la empresa y evitar una futura privatización, mientras sectores empresariales advierten que varias de las exigencias podrían comprometer seriamente la sostenibilidad financiera de la petrolera.
Por ahora, todas las miradas están puestas sobre la mesa de negociación, donde se definirá si Ecopetrol logra un acuerdo con el sindicato o si el país se enfrenta a una nueva amenaza de huelga en su principal motor energético.
