Una carrera contrareloj y contra el olvido

Casanare vivió un cruento conflicto armado entre 1997 y 2006, en el que participaron directamente las guerrillas del ELN y frentes de las antiguas Farc; los grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) y el bloque Centauros, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); así como el Estado, con la Decimosexta Brigada del Ejército y el extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), que estuvieron involucrados en casos de ‘falsos positivos’. Tal como lo han demostrado sentencias judiciales, fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e incluso actos de reconocimiento de militares de diverso rango y antiguos mandos y detectives vinculados al DAS. Como consecuencia, en el departamento hay entre 2.300 y 2.550 personas desaparecidas.

A diferencia de otros departamentos del país, Casanare tuvo una particularidad. El territorio vivió una disputa entre dos facciones de paramilitares: las ACC, al mando de Martín Llanos, y el bloque Centauros, de las AUC, de la casa Castaño, que comandaba Miguel Arroyave. Solo este segundo bando se desmovilizó en el proceso de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe en agosto de 2005. Las ACC siguieron en armas, aunque debilitadas por la confrontación y fueron perseguidas por las Fuerzas Militares.

En los próximos dos años, al menos 26 excombatientes con línea de mando de las dos estructuras que operaron en Casanare quedarán en libertad, tras haber cumplido sus penas en la justicia ordinaria. Organizaciones como la Fundación Yovany Quevedo, que durante más de 23 años han buscado a los desaparecidos en el departamento, advierten que una vez ellos salgan de prisión, será poco probable que aporten la verdad que conocen, tal como lo advierte Yolanda Melo (madre del desaparecido Yovany Quevedo), en testimonio que entregó para esta investigación periodística.

Familiares de estos 2.500 desaparecidos claman a los excombatientes del grupo que lideraba Martín Llanos que les brinden información para encontrar los restos de sus seres queridos, en un departamento de 44.490 kilómetros cuadrados de extensión. Después de 27 años, siguen esperando una respuesta.

Nueve años después de la desaparición de su hijo, Yolanda Melo estuvo frente a quien ordenó que se lo llevaran. “De Yovany recuperamos la moto en la que se movía e incluso los restos de quien era su pareja de entonces y desapareció con él… pero de mi hijo no volvimos a saber y nadie nos da razón”.

Yolanda busca desde el 25 de noviembre de 1999 a su hijo Yovany Quevedo, desaparecido junto a su entonces compañera sentimental, Luz Neira Achagua, quienes estaban con sus tres hijas de 8 y 5 años y de 18 meses el día que desaparecieron.

Según Yolanda, ese día, sobre la una de la tarde, entraron a su casa cinco hombres armados y preguntaron por Luz Neira. Abrieron todas las puertas, encontraron a Yovany, se lo llevaron y de él no volvieron a tener noticias ciertas.

Este hecho se convirtió en el motor para decenas de mujeres y familiares de desaparecidos, que conformaron la Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida, organización dedicada a la incesante búsqueda de la verdad de centenares de hombres y mujeres desaparecidos durante el conflicto armado en Casanare.

En el caso de Yolanda, ella misma relata que el rastreo implacable en busca de su hijo la llevó a un cara a cara con Luis Eduardo Linares Vargas, alias HK, segundo al mando de las ACC y determinador de la orden de retención y posterior desaparición de Yovany y Luz Neira.

Pero distinto a lo que pensó ese día, frente a frente cuando se le paró a preguntarle qué quería y por qué lo estaba buscando, y ella estuvo tentada a dispararle con el revólver calibre 38 que tenía escondido bajo la silla del taxi en el que llegó a la cita, Yolanda ya no busca venganzas, sino verdades.

Hoy, luego de 25 años de haberle perdido el rastro a su hijo, y luego de que un pastor le quitara a punta de oraciones la sed de sangre y el peso de la culpa, ella solo quiere saber qué pasó con él, recuperarlo de donde se encuentre y cerrar la tragedia que no le ha quitado las fuerzas para seguir buscando.

Aunque Casanare fue víctima del accionar de distintas guerrillas, fue la presencia de grupos paramilitares la que generó la más cruenta estela de muerte y miles de desaparecidos en la primera década del 2000.

Los ‘paras’, como se les llamó popularmente, llegaron a tener tanto poder que incluso ponían alcaldes y gobernadores, definían proyectos del presupuesto público o manejaban la contratación.

En tiempos de campañas electorales, tal como se demostró con la firma del llamado Pacto de Casanare entre candidatos que luego fueron alcaldes en seis municipios (2003) y las posteriores destituciones de funcionarios de alto nivel como los gobernadores William Hernán Pérez Espinel y Miguel Ángel Pérez Suárez, la suscripción de pactos de mutua conveniencia con paramilitares era ‘moneda corriente’ en el Casanare de los años 2000. No obstante, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, se declaró nulo el proceso en contra del exmandatario Miguel Ángel Pérez (q. e. p. d.), lo que implicó una indemnización del Estado por daños y perjuicios. Así lo registró la revista Semana.

“En las reuniones en las que se cocinó el Pacto de Casanare, los futuros alcaldes se comprometieron, entre otras cosas, a darles a las autodefensas el 50 % del presupuesto municipal y el 10 % del valor de los contratos que suscribieran las alcaldías. Estos singulares encuentros fueron cuidadosamente grabados por alias Junior, y Verdad Abierta tuvo acceso a estos videos”, según citó en su momento el portal.

Lareporteria1 · Desaparición forzada: la verdad pendiente del conflicto armado en Casanare

En un acto de reconciliación ocurrido durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de mayo de 2024, las mujeres buscadoras jugaron un partido de fútbol con los excombatientes de grupos paramilitares que se encuentran cumpliendo sus condenas en el centro penitenciario La Guafilla, de Yopal.

Luego de una corta caminata desde la entrada de la cárcel hasta el pabellón de ‘estudio’ donde se realizó el primer encuentro con excombatientes, las mujeres se encontraron con ellos, en medio de un ambiente que, en un comienzo, estuvo cargado de prevención, recelo y desconfianza de las dos partes.

En la reunión, a la que también asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, la UBPD, la Personería y la Alcaldía de Aguazul, las mujeres buscadoras narraron los hechos de desaparición de sus familiares.

Algunos excombatientes se miraban entre sí, conmovidos. Ellas les entregaron una mariposa que habían tejido y con ello se resquebrajó la tensión. Se estableció un diálogo y, como parte del ejercicio, cada uno se dibujó mutuamente. En ese ambiente de confianza, las mujeres esperaban encontrar la verdad y saber en dónde estaban sus familiares. No querían juzgar a los reclusos, sino descansar de sus búsquedas en un ejercicio de dignificación.

Después de la entrega de unas manillas como símbolo del encuentro, el grupo se vistió con los uniformes y se dispuso a jugar el partido.

La búsqueda de desaparecidos en Casanare ha sido una lucha de mucho esfuerzo y pocos resultados. Aun así, con todo en contra, los hombres y mujeres buscadores persisten y cada vez que hay una luz de esperanza se renueva la fe que les permite seguir viviendo con la ilusión de encontrar a quienes, con ocasión del conflicto, desaparecieron sin dejar rastro.

Algunos mantuvieron la fe de encontrarlos hasta su último soplo de vida, como Mariela Avendaño Menjure, quien falleció el 22 de febrero de 2024 sin encontrar a su esposo, Víctor Mejía. Ella era una de las mujeres más activas de la Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida, pero el paso del tiempo y los obstáculos en el proceso llevaron a que menguara su salud y la llevara a la muerte.

Su caso fue mencionado durante el 8.° Encuentro sobre Desaparición Forzada, que se realizó en Aguazul el pasado 29 de mayo. Allí, Luis Francisco Cala Castro, personero de Aguazul, dijo a propósito de situaciones como el caso de doña Mariela: “Debemos seguir trabajando para que las mujeres que llevan hasta 25 años buscando a sus familiares no se sigan muriendo sin haber recuperado los restos óseos que tanto tiempo han anhelan tener para dar cristiana sepultura”.

Lo que le ocurrió al poreño Rafael Pastrana guarda cierta similitud. Él, un recio campesino, “heredó” de su fallecida esposa la responsabilidad de continuar en la búsqueda de un hijo desaparecido…

“Eso ocurrió hace 27 años, cuando el muchacho desapareció en Pore. Para esa época se desarrollaban unas festividades y como él era músico y cantante, algunos testigos nos contaron que estuvo en su show hasta la madrugada, pero jamás llegó a su casa. Nunca más se supo algo de él”, recordó con nostalgia en entrevista para esta investigación.

Lady Johana Rosas Moreno ha tenido que vivir tres desplazamientos y la desaparición forzada de su hermano por cuenta de los grupos armados al margen de la ley, que en la década del 2000 hicieron presencia en Casanare.

Siendo la menor de cuatro hermanos, Lady sufrió el primer desplazamiento en 1999, cuando los paramilitares y la guerrilla, que se disputaban un territorio aledaño a su finca, los obligaron a ella y a su familia a huir hacia el casco urbano del municipio de Aguazul.

Años más tarde, en 2003, en pleno auge petrolero, y sin que en ese momento se supiera la razón, su hermano Ariel fue desaparecido, torturado, ejecutado y enterrado en una finca, a las pocas horas de presentarse a continuar el servicio militar como soldado campesino, en el grupo Guías de Casanare, y luego de cumplir con un permiso.

Ariel tenía 22 años cuando desapareció, el 21 de febrero de 2003, después de visitar a su familia en la vereda San José del Bubuy.

Esa tarde, antes de regresar al batallón, estuvo en la Casa Fiscal del municipio, citado por el alcalde Mauricio Jiménez Pérez, quien le había prometido una ayuda de 500.000 pesos en contraprestación por el apoyo recibido durante la campaña política, según relató Lady Johana a un investigador universitario que recogió testimonios sobre la barbarie paramilitar en Aguazul.

“Lo que supimos fue que el alcalde no lo atendió y que estuvo un largo rato hablando con los escoltas, hasta las nueve de la noche. Después de esto, no volvimos a saber de él; nos enteramos de que estaba desaparecido seis días después, cuando el Ejército llegó a San José del Bubuy a buscarlo, acusándolo de evasión”, dice Lady.

“A mi hermano, a quien cariñosamente le decíamos el Zurdo por un accidente que sufrió al caerse de un caballo que le dejó el brazo izquierdo torcido, lo recuerdo como un joven emprendedor, aficionado al coleo, al fútbol y a la cultura. No merecía la suerte que corrió”, dice Lady Johana, quien actualmente es la representante legal de la Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida.

Han circulado varias versiones sobre la desaparición de Ariel. Una de ellas apunta a que los paramilitares lo reclutaron para sus filas y lo habrían ejecutado por delatar a varios comandantes de las Autodefensas Campesinas de Casanare ante el Ejército.

Durante el transcurso de las investigaciones, Lady y su familia vivieron dos desplazamientos más. En 2008 los llevaron como testigos protegidos a Bogotá y posteriormente a Cúcuta. Años después, por decisión propia, la familia se radicó en Arauca, pero también fueron desplazados por la guerrilla, que los señaló de ser auxiliadores de grupos paramilitares.

“En enero de 2011 decidimos que no íbamos a correr más y regresamos a Casanare. Desde esa época no hemos cesado en la búsqueda de los restos de mi hermano”, dice Lady.

Ese año fue especialmente emotivo, pues fue en una diligencia de exhumación de cuerpos en Aguazul cuando Lady Johana tuvo plena certeza de la trágica suerte de su hermano… Durante esa jornada, alias Solín le presentó a Gafas, quien admitió que, por orden de Coplero, él se había encargado de ejecutar y enterrar a su hermano en predios de la finca La Independencia, en Aguazul.

En febrero de dicho año, el alcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez, el Patón, fue condenado a 29 años de cárcel por la desaparición de Ariel Rosas Moreno y de Luis Ariel Bernal, contratista de la Alcaldía.

La condena fue proferida por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado, en concurso homogéneo y sucesivo; dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, y el 28 de agosto de 2013 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una demanda de casación contra dicha decisión judicial.

Hoy en día, Mauricio Jiménez Pérez se encuentra prófugo de la justicia.

Las mujeres buscadoras de la fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida emitieron un comunicado en la última semana de julio en el que se quejan por el desconocimiento y la invisibilización de su colectivo por parte de los organismos del Estado vinculados al proceso de reconocer la búsqueda de personas desaparecidas.

En el documento, lamentan la exclusión de los espacios de participación convocados por la Gobernación de Casanare, que además delega a funcionarios que desconocen la lucha, el trabajo y los aportes de la fundación en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

Denuncian que “se aprueba a puerta cerrada el Plan Operativo 2024, excluyendo a los integrantes de la sociedad civil, apagando las voces de las víctimas no organizadas, al igual que la fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida, negando un espacio de participación que es exclusivo de las víctimas de desaparición forzada”.

En el comunicado también se afirma que a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Casanare se le desconoce e invisibiliza, a pesar de los aportes y diálogos en el ámbito nacional.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) continúa su intervención en Casanare. En una reciente visita al centro penitenciario de La Guafilla, al espacio de reconciliación entre víctimas y victimarios, Adriana Pestana Rodríguez, directora regional, dijo que se abrió la posibilidad para que las personas que están privadas de la libertad aporten información sobre la ubicación de las víctimas.

Pestana explica que, al no estar inmersos en un proceso de paz, los excombatientes de las ACC fueron juzgados por la justicia ordinaria y hoy, 20 años después de la barbarie, varios de ellos están a punto de terminar sus condenas.

“No tenemos dentro de nuestras funciones juzgar a nadie, la información que recibimos es confidencial y de carácter humanitario; no somos autoridad judicial, por lo tanto, la persona que llegue a aportar información no estará inmersa en ningún proceso judicial y los datos que entregue serán clasificados como reservados”, dijo la directora regional de la unidad durante el lanzamiento de la Red Departamental de Apoyo a Buscadores de Personas dadas por Desaparecidas en Casanare.

Desde que fue instalada la UBPD en Casanare, se ha logrado la recuperación de 53 cuerpos: 33 en el cementerio de Aguazul, cinco en el cementerio veredal de San Luis de Palenque, cuatro en la zona veredal de Tauramena, cuatro en Hato Corozal, dos en el cementerio Monterrey, dos en Paz de Ariporo, uno en el cementerio de Nunchía, uno en Recetor y uno en San Luis de Gaceno.

En cuanto a entregas dignas, se han hecho dos en Yopal, dos en San Luis de Gaceno, dos en Villanueva y una en Paz de Ariporo, para un total de siete.

Adriana Pestana entregó un completo informe de la labor realizada por la UBPD en el Meta, Casanare y Arauca, durante el 8.° Encuentro sobre Desaparición Forzada de Casanare, organizado por la Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida, en el auditorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Aguazul, el pasado 29 de mayo.

Como “entrega digna”, la propia UBPD lo define como “el acto solemne en el que se dignifica la memoria de la persona dada por desaparecida, el proceso de búsqueda de los familiares y se propician condiciones de respeto y humanidad, donde prevalecen sus necesidades y creencias espirituales y decisiones sobre la forma en la que se realiza el acto de entrega e inhumación del ser querido”.

Esta diligencia está precedida por un proceso previo de acompañamiento y apoyo a las familias y un acuerdo para las condiciones de entrega, en lo que se considera como el cierre del proceso de búsqueda.

Durante las audiencias que la JEP ha desarrollado en Casanare sobre el fenómeno de los ‘falsos positivos’, ha quedado en evidencia otro elemento que se suma a la conducta de los militares que disfrazaron a civiles de combatientes: la desaparición forzada. Esa práctica la reconocieron en una audiencia de septiembre de 2023 en Yopal varios de los 21 exmilitares que comparecieron en esa diligencia. Es decir, en el departamento, a la cruel práctica de los ‘falsos positivos’ se agregó en varios casos la desaparición forzada a manos de agentes del Estado.

La JEP desarrolla la investigación de este crimen en Casanare como un subcaso del llamado Macrocaso 03, de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. No obstante, los esfuerzos para encontrar la verdad del fenómeno se han enfocado en la conducta de militares, lo que ha cerrado las puertas a la posibilidad de que exparamilitares, principales responsables de desapariciones forzadas en el departamento, accedan a entregar sus aportes a la verdad.

Un reciente ejemplo de ello ocurrió el 2 de julio, cuando la JEP rechazó, por falta de competencia, la solicitud de sometimiento de Nelson Orlando Buitrago, alias Caballo, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). “El compareciente, en su calidad de exintegrante de la agrupación ilegal, no es destinatario de los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, se detalló en la resolución emitida por la JEP.

El congresista casanareño Hugo Archila instó al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a que informe a la Fundación Yovany Quevedo sobre las acciones adelantadas desde el alto Gobierno para contribuir a la búsqueda de los desaparecidos por el conflicto armado en Casanare.

En la misiva que envió, solicitó que se facilite desde el orden nacional un espacio de diálogo y reconciliación entre víctimas y victimarios, con la participación activa del Estado y las autoridades locales. El parlamentario pidió especial atención a las situaciones expuestas por las familias de las víctimas de las ACC para que no prevalezca la impunidad y se avance en la ubicación y reconocimiento de los desaparecidos.

Sin embargo, las respuestas han sido evasivas en cuanto, por ejemplo, a la evidente discrepancia de cifras del fenómeno de la desaparición y a un evidente traspaso de responsabilidades sobre la entrega de datos de grupos victimarios.

Las entidades se pasan la pelota, dejando sin respuesta cuestionamientos de fondo, como el espacio que han solicitado las víctimas de desaparición forzada de Casanare para ser escuchadas y, sobre todo, para que se estudie la posibilidad de crear un marco jurídico que permita a las autodefensas de Martín Llanos contar la verdad.

En síntesis, las entidades se delegan la responsabilidad las unas a las otras, sin contestar de fondo los temas trascendentales que solicita la comunidad, en este caso, los familiares de personas que fueron desaparecidas con ocasión del conflicto. Estas personas hoy son víctimas de la paquidermia de un Estado que ni siquiera sabe que existen.