Sin adentrarse en los detalles del efecto económico real sobre al aparato productivo departamental, el Instituto Financiero de Casanare (IFC) se congratuló de nuevos cambios burocráticos en su nómina y reportó un supuesto y exitoso balance «positivo» en 31 años de «gestión por el desarrollo económico de Casanare».
Según la entidad, en sus «31 años del IFC, se han entregado más de 30 mil créditos de fomento empresarial y educativo por $450 mil millones» (casi medio billón de pesos) supuestamente en los 19 municipios de Casanare, sin especificar los sectores a los cuales se han dirigido estos recursos, los recaudos de cartera y el perfil de beneficiarios.
Mirama López Zamudio, quien durante varios meses actuó como gerente encargada y que fue confirmada como jefe de la bucrocracia «ifecista» por parte del actual gobierno, al designarla como titular en propiedad, dijo que «esta es una cifra histórica que se ha visto reflejada en la construcción y materialización de los sueños de muchas familias casanareñas, beneficiadas con las diferentes líneas de crédito de fomento, comercial, libranza, agropecuario, ganadería y educativo».
Según el gaseoso reporte, durante el período 2020-2023 del Gobernador Salomón Sanabria, se han «invertido» $87 mil millones para apalancar 4.700 créditos de fomento empresarial y educativo.
Sin embargo, no se ofrecieron detalles de los porcentajes de recaudo de cartera, perfil de los empresarios «beneficiados» con los créditos, el impacto de demandas y acciones jurídicas contra el IFC por parte de alianzas empresariales fallidas en las que se involucró la entidad, el retiro de covenios y recursos vitales para la institución, por parte incluso del actual gobierno…
Solo se habló de burocracia en un reporte poco profundo de una entidad que para muchos se ha convertido en refugio de «amiguis» de las administraciones de turno para el pago de favores.
